Desde su llegada a la Presidencia de la República en 2020, Luis Abinader ha enfatizado su compromiso con la “transparencia” y el respeto a las leyes. Uno de sus primeros actos en esta dirección se realizó el 15 de septiembre de ese año, cuando presentó su declaración jurada de bienes, la cual se encuentra bajo la supervisión de un fideicomiso, asegurando así la transparencia de su patrimonio.
En ese entonces, la Presidencia comunicó que la información sobre el patrimonio del mandatario sería de acceso público, permitiendo que la ciudadanía y los medios de comunicación pudieran consultarla y analizarla. Este acto marcó un hito en la administración pública dominicana, estableciendo un precedente en la rendición de cuentas.
A medida que se aproxima el 16 de septiembre de este año, Abinader, tras haber sido reelecto para el periodo 2024-2028, deberá cumplir nuevamente con este deber legal. La ley 311-14 establece que todos los funcionarios públicos, incluido el presidente, deben presentar su declaración jurada dentro de los 30 días posteriores a su toma de posesión.
Además del presidente, otros altos funcionarios también están obligados a cumplir con este requisito, tales como la vicepresidenta, senadores, diputados, y diversos altos funcionarios del gobierno, quienes deben presentar sus declaraciones de manera regular.
En la primera reunión de su consejo de ministros, Abinader reiteró su compromiso con la ética y la transparencia en la administración pública. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que se busca fomentar un entorno de más compromiso y mejores prácticas en el ejercicio del servicio público. Por su parte, Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, enfatizó la importancia de actuar bajo el marco legal y los principios éticos que deben regir la conducta de los servidores públicos.
Este enfoque en la transparencia y la rendición de cuentas es fundamental para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y asegurar un gobierno más responsable.